La Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, introduce varios cambios estructurales en el sistema judicial español. Los más relevantes para la litigación son: la creación de los Tribunales de Instancia que agrupan los actuales Juzgados por territorios más amplios, la implantación de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como paso obligatorio previo a la demanda judicial en determinados asuntos, modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la jurisdicción contencioso-administrativa, y la reorganización de los recursos humanos y materiales del sistema judicial. En la práctica, la implantación está resultando compleja y está generando incertidumbre sobre los plazos, los órganos competentes en algunas materias, y los costes del proceso, especialmente en litigación administrativa y de contratación pública.

Los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) son mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos (mediación, conciliación, negociación) que la LO 1/2025 establece como paso previo obligatorio antes de presentar demanda judicial en determinados tipos de asuntos civiles y mercantiles. En el ámbito de la contratación pública, los MASC tienen una aplicación limitada porque los conflictos con la Administración están sometidos a reglas especiales del derecho administrativo, incluyendo los recursos especiales ante los Tribunales Administrativos de Contratación y la vía contencioso-administrativa. Sin embargo, para conflictos entre particulares derivados de contratos públicos (subcontratas, disputas entre consorcios licitadores, etc.) los MASC sí pueden ser relevantes y los despachos deben estar preparados para asesorar tanto en la vía extrajudicial como en la judicial.

Para protegerse ante el aumento de incertidumbre procesal en contratación pública derivado de la reforma judicial, las empresas licitadoras deberían adoptar varias medidas preventivas. En primer lugar, reforzar la documentación de sus ofertas y de todas las comunicaciones con el órgano de contratación, ya que en un entorno de mayor trazabilidad digital esta documentación es la primera línea de defensa. En segundo lugar, establecer protocolos internos de revisión jurídica previa de los pliegos para identificar condiciones potencialmente impugnables antes de presentar la oferta. En tercer lugar, contar con asesoramiento jurídico especializado en contratación pública de forma preventiva, no solo cuando surge el conflicto, para anticipar escenarios de litigio y decidir estratégicamente cuándo y cómo recurrir. Finalmente, monitorizar los plazos procesales con rigor, ya que los errores en este punto suelen ser irreparables en la vía administrativa y judicial.

Los principales errores que cometen las empresas en litigios de contratación pública son: actuar demasiado tarde (dejar pasar los plazos del recurso especial, que son de solo 15 días hábiles desde la adjudicación), no documentar adecuadamente el expediente de licitación durante el proceso (lo que dificulta demostrar irregularidades posteriormente), subestimar el coste y la duración de los procedimientos judiciales (especialmente en la vía contencioso-administrativa, que puede extenderse años), confundir el recurso especial ante el TACRC con un recurso ordinario y no preparar bien los argumentos jurídicos específicos de cada tipo de impugnación, y no evaluar si la probabilidad de éxito y el valor económico en juego justifican la inversión en el litigio. Un despacho especializado puede ayudar a evitar todos estos errores con una revisión estratégica previa a la interposición de cualquier recurso.

Un despacho especializado en contratación pública aporta ventajas muy concretas frente a un abogado generalista. En conocimiento técnico: domina la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), sus reglamentos de desarrollo, la doctrina de los Tribunales Administrativos de Contratación y la jurisprudencia contencioso-administrativa específica de esta materia. En experiencia práctica: conoce cómo elaborar los pliegos, cómo documentar correctamente una oferta, qué argumentos funcionan ante el TACRC y qué criterios aplican los diferentes Juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo. En eficiencia: al no tener que estudiar el marco normativo desde cero, actúa más rápido, comete menos errores y puede dar una estimación más realista de las posibilidades de éxito. En prevención: puede anticipar problemas antes de que se materialicen, lo que suele ser mucho más económico que resolver el litigio una vez que ya está abierto.