Una regularización extraordinaria es una medida excepcional por la que el Gobierno ofrece a personas inmigrantes en situación irregular la posibilidad de obtener una autorización de residencia y trabajo fuera de los cauces ordinarios previstos en la Ley de Extranjería. Se diferencia del arraigo social, laboral o familiar (que son los mecanismos ordinarios de regularización) en que suele tener requisitos propios diseñados específicamente para esa medida, puede aplicar a colectivos más amplios y tiene plazos y procedimientos específicos. Históricamente, España ha llevado a cabo regularizaciones extraordinarias en varias ocasiones, siendo la de 2005 la más masiva. Las diferencias con el proceso ordinario son: el procedimiento específico creado por norma propia, los requisitos de acreditación distintos a los del arraigo, y el marco temporal limitado para solicitar la regularización.

La documentación exigida en los procesos de regularización extraordinaria varía según los requisitos específicos de cada medida, pero habitualmente incluye: pasaporte o documento de identidad vigente del solicitante, documentación que acredite la permanencia continuada en España durante el período requerido (empadronamiento, contratos de arrendamiento, recibos de suministros, atención sanitaria, documentación escolar de los hijos), documentación que acredite el requisito que da acceso al proceso (oferta de empleo firmada, contrato de trabajo, arraigo familiar demostrado), declaración de antecedentes penales o certificado de no antecedentes en el país de origen y en España, y abono de la tasa correspondiente. Dado que los plazos de presentación suelen ser cortos y los errores documentales pueden generar denegaciones, el acompañamiento de un abogado especialista en extranjería desde el inicio del proceso aumenta significativamente las posibilidades de éxito.

Una empresa que contrata a una persona que acaba de obtener autorización de residencia y trabajo como resultado de un proceso de regularización extraordinaria tiene las mismas obligaciones laborales y de Seguridad Social que con cualquier otro trabajador: formalizar un contrato de trabajo por escrito, darle de alta en la Seguridad Social antes del inicio de la actividad, cotizar mensualmente por los conceptos correspondientes, respetar el convenio colectivo aplicable, y cumplir las normas de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, hay consideraciones adicionales importantes: verificar que la autorización de trabajo obtenida permite el ejercicio de la actividad profesional concreta del puesto (algunas autorizaciones tienen limitaciones por sector o tipo de actividad), comprobar la vigencia de la documentación y los plazos de renovación, y tener en cuenta que algunas autorizaciones iniciales son temporales y requieren renovación al año. No contratar correctamente a una persona regularizada puede dar lugar a sanciones de la Inspección de Trabajo, incluso si la irregularidad fue involuntaria.

Ante una denegación de una solicitud de regularización, la persona tiene varias vías de recurso. En primer lugar, puede interponer recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó la resolución, en el plazo de un mes desde la notificación, si considera que la denegación es incorrecta o que hay errores en la valoración de los requisitos. Si el recurso de reposición es desestimado o no se resuelve en plazo, puede acudir a la vía contencioso-administrativa, presentando recurso ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo (para resoluciones del Estado) o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente. En algunos casos, puede ser posible solicitar medidas cautelares para evitar la expulsión mientras se tramita el recurso. Paralelamente, aunque la solicitud de regularización haya sido denegada, puede seguir siendo posible tramitar una autorización de residencia por las vías ordinarias (arraigo social, laboral o familiar) si se cumplen los requisitos.

Una regularización masiva genera oportunidades de negocio en varias fases temporales. A corto plazo (durante el período de solicitud): tramitación de expedientes individuales para personas que quieren regularizarse, con servicios paquetizados de revisión de requisitos, preparación documental y presentación de la solicitud. A medio plazo (durante la tramitación): gestión de incidencias y subsanaciones, recursos ante denegaciones, y seguimiento de expedientes que presentan complicaciones. A largo plazo: renovaciones de las autorizaciones obtenidas (en general anuales los primeros años), asesoría en la reunificación familiar una vez obtenida la residencia, tramitaciones de la tarjeta de residencia de larga duración tras 5 años de residencia legal continuada, y asesoramiento a empresas que necesitan adaptar sus procesos de contratación para incorporar trabajadores recién regularizados. Los despachos que se posicionan desde el inicio como referentes en la regularización pueden consolidar una base de clientes fieles de varios años.